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El Congreso de la República ha aprobado, por reconsideración, la inhabilitación política de Martín Vizcarra por un período de diez años. La decisión se basa en su decisión de disolver el Parlamento en 2019, una medida que desató una de las crisis institucionales más profundas de los últimos tiempos en el país.
El expresidente no tardó en responder: “Me temen y temen a lo que represento”. Pero más allá del discurso político, el núcleo del debate es legal y constitucional. ¿Fue la disolución del Congreso un uso legítimo de la facultad presidencial o un exceso que amerita sanción? El Congreso ya dio su respuesta.
El marco legal en disputa
La Constitución peruana, en su artículo 134, faculta al presidente a disolver el Congreso si este ha negado dos veces la cuestión de confianza. En septiembre de 2019, Vizcarra tomó esa decisión luego de una serie de enfrentamientos con el Legislativo. Lo que para él fue una respuesta constitucional a la obstrucción, para sus detractores fue una ruptura del orden democrático.
La inhabilitación reciente se sustenta en el artículo 100 de la Carta Magna, que permite al Congreso sancionar a altos funcionarios por infracciones constitucionales. En este caso, se le acusa de haber vulnerado la separación de poderes al cerrar el Parlamento sin que, según la mayoría legislativa actual, se configuraran los requisitos constitucionales.
Una sanción con efectos más simbólicos que prácticos
Vizcarra ya ha sido inhabilitado anteriormente —una por el caso “Vacunagate” y otra por presuntos actos de corrupción cuando fue gobernador de Moquegua—. Esta tercera sanción amplía el periodo de su veto político, pero también revela una intención clara: mantenerlo fuera de la escena electoral en cualquier forma.
La acumulación de inhabilitaciones plantea un dilema institucional: ¿cuánto de este proceso es justicia y cuánto es cálculo político? La reiteración de sanciones sobre el mismo personaje puede reflejar una voluntad de neutralizar a un actor incómodo más que de resguardar la Constitución.
Lo que representa esta decisión
La inhabilitación a Vizcarra no cierra simplemente un ciclo político; marca una advertencia a cualquier figura con pretensiones de poder que confronte directamente al Congreso. La sanción opera como castigo, pero también como advertencia institucional.
La pregunta de fondo queda abierta: ¿defendió Vizcarra la institucionalidad en 2019 o forzó los límites constitucionales para imponerse al Congreso? Y, en paralelo, ¿actúa hoy el Congreso como garante de la ley o como árbitro interesado?
El derecho no puede convertirse en instrumento de revancha política. Las decisiones de esta magnitud deben sustentarse con pruebas, lógica jurídica y respeto al debido proceso. De lo contrario, el castigo pierde legitimidad, y la democracia, su rumbo.
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